La nueva Ley de Cumplimiento Tributario en Chile, aprobada en septiembre de 2024, tiene como objetivo principal fortalecer la fiscalización tributaria y combatir la evasión y elusión fiscal. Es parte del Pacto Fiscal del gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca aumentar la recaudación sin subir los impuestos, optimizando la gestión del Servicio de Impuestos Internos (SII) y otras instituciones clave.
Uno de los aspectos más relevantes es el control sobre las transferencias electrónicas: los bancos y entidades financieras están obligados a informar al SII sobre abonos superiores a ciertos umbrales, mejorando así la detección de operaciones sospechosas. También se introducen nuevas medidas para sancionar la evasión fiscal, incluyendo mayores penas por delitos tributarios, incentivos para la autodenuncia y una colaboración más activa entre los organismos reguladores y de fiscalización.
Los recursos generados por esta ley se destinarán a financiar áreas clave como la seguridad pública, con un aumento del 40% en la inversión respecto a 2022, y a mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU), que se elevará a $250 mil para 2030.
¿Cómo afectará la ley a las transferencias electrónicas?
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es el control sobre las transferencias bancarias. La ley introduce el artículo 85 ter en el Código Tributario, que obliga a las entidades financieras a proporcionar al SII información sobre los abonos recibidos por personas naturales o jurídicas en Chile, cumpliendo con ciertos requisitos específicos.
El SII explicó que las instituciones financieras deberán informar cuando un contribuyente reciba más de 50 abonos de personas distintas en un mes o 100 abonos en seis meses. En esos casos, las entidades deberán entregar el monto total abonado, lo que permitirá al SII fiscalizar operaciones que podrían estar vinculadas a evasión tributaria o actividades no declaradas.
Impacto en la fiscalización
La implementación de esta medida busca mejorar el control sobre la informalidad y evitar que algunos contribuyentes utilicen transferencias electrónicas para evitar declarar sus ingresos. Este aumento en la fiscalización permitirá al SII tener un mayor control sobre los movimientos financieros de personas y empresas, ayudando a reducir los niveles de evasión y promover el cumplimiento tributario.
